|
APORTE DE LA CONFRATERNIDAD ARGENTINA JUDEO CRISTIANA A LA MESA “DE HABITANTES A CIUDADANOS” Y EN REFERENCIA A LA SITUACIÓN ACTUAL POR LA QUE ATRAVIESA EL PAIS Justicia Social y Ética en la Función Pública En los momentos cruciales por los que atraviesa nuestra Nación deseamos reflexionar sobre ciertos temas que indudablemente deben ser prioritarios para todos los argentinos. Para comenzar, entendemos que la Constitución Nacional, que todos debemos respetar, debe traducir el conjunto de declaraciones, derechos y garantías establecidos recíprocamente entre el Estado y la Persona, esto es, el resultado de la creación de los poderes y el variado y continuo proceso de integración social del ser humano a la continuidad política, en interacción permanente. Nos encontramos frente a diversos conflictos que nos llevan a la violencia entre los argentinos, existiendo una sistemática violación de los derechos civiles y políticos que corren parejos con graves problemas de violación de derechos económicos, sociales y culturales. El rol regulador de la función estatal -que debe existir-, debe ser ejercido por el Poder Judicial como custodio de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, pero quienes ejerzan esta función -cualesquiera sean sus posiciones ideológicas-, deben contar con atributos de tal naturaleza, que garanticen la viabilidad con actitudes sobresalientes de conducta, desde las más modestas hasta las más altas escalas jerárquicas de la administración de justicia. Los ciudadanos deben sentirse respaldados por los actos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que necesariamente deben funcionar en una democracia real y para ello es necesario recomponer la República. El ciudadano debe ser conciente que solo debe aceptar como poder supremo la Constitución Nacional y sus leyes y no los caprichosos “decretos de necesidad y urgencia”, salvo que situaciones de excepción lo ameriten. Dentro de una democracia que se aprecie de ser tal, la Justicia Social se nos presenta como la virtud que tiene por finalidad realizar el bienestar de la organización social, como una tendencia de repartir equitativamente los bienes naturales. Pero la Justicia Social no tiene por finalidad exclusiva la economía. Abarca, incluso los valores culturales. Es indispensable realizar, para alcanzarla, una acción positiva y amplia de cooperación al desarrollo de la persona humana como tal, que tienda a su perfeccionamiento y al cumplimiento de su fin supremo y trascendente. El Estado tiene que garantizar la libertad social y respetar la dignidad de la persona humana. Hoy en nuestro país, los ciudadanos sufren la inseguridad ante la vida misma, la incertidumbre del porvenir y se padece una atroz angustia por aquello que sobrevendrá. No se puede, bajo ningún aspecto establecer una justicia “de clase”, agresiva, ni de “desquite” de unos grupos contra otros, incitando al odio entre hermanos, a la fragmentación. La verdadera seguridad social, debe aparecer como un anhelo imperioso, como una necesidad de la comunidad que se concreta como parte de los derechos humanos correlativos a los deberes del Estado cuya función es el resguardo de cada ciudadano. Pero hay que tener muy presente que el principio de justicia social para todos, se apoya en la concepción del hombre como persona, del mismo modo que la persona humana tiene primacía sobre todo lo creado. El ser humano recibió de Dios la independencia y la libertad personal frente a los demás y en consecuencia, tiene derecho a ser respetado en ella. Por tanto se deben afianzar los derechos y libertades, no como pretensiones jurídicas contra el Estado sino como intereses sociales que aspiran a la protección de los socialmente más débiles y a la limitación de los socialmente más poderosos. Existe una disparidad absoluta entre los beneficios exigidos por el Estado y los que recibe el usuario administrado. Advertimos que la construcción de obras faraónicas o suntuarias ignora las urgentísimas necesidades de la salud pública, educación, cultura y previsión social que reclama la población. Debemos seguir bregando para que el hombre pueda darse y encontrarse con el hombre como hermano, en comunión sagrada, por encima de las diferencias políticas o filosóficas que los separen. Actualmente podemos apreciar que la multiplicidad de necesidades insatisfechas, la ausencia de principios fundamentales y del compromiso citado anteriormente, crean dificultades para una distribución equitativa, punto de partida de la solidaridad social. Pero esta solidaridad no debe ser interpretada como “paternalista” sino que debe ser considerada como una comunicación de conocimientos a la luz de la verdad, como un ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones como impulso y reclamo hacia el bien moral. En nuestros días la pérdida de valores de las más altas magistraturas (entre ellas el Poder Judicial), exigen más que nunca, enérgicas actitudes que recompongan la imagen de la República. Actitudes firmes y sustentadas por aquellos valores que contribuyan a la construcción de un mundo más justo y más humano de una patria grande, para todos. “Nuestra sociedad contemporánea padece tal déficit de valores éticos en la función publica que el tema debe ser tratado en profundidad y con urgencia….”(Carlos Francisco de Antueno, “Justicia Social y Ética en la Función Pública”, Pág. 89) Si bien entendemos que el principio de la presencia de Dios en el gobierno de los hombres es ineludible, hay muchos seres humanos que no participan de la misma concepción religiosa. ¿Habría entonces que pensar que ellos carecen de principios éticos? Realmente no es así, porque le ética subyace en toda aspiración humana y constituye un principio de autoridad ampliamente respetado. La inmensa mayoría de la sociedad, en su valoración de la democracia, expresa un vínculo profundo y particular de la ética. El problema fundamental radica en precisar que género de vida, sustentado en cuales valores, elige la ciudadanía para proyectar su presente y su futuro, teniendo a priori como objetivo básico la conquista de una felicidad compatible con su condición humana. El Poder judicial debe ser garantía de ética y custodia de la seguridad jurídica de los habitantes frente a quienes la vulneren. Ha quedado entre nosotros olvidado, el fundamento ético de la sociedad política, el valor absoluto de las verdades universales que sustenta, la condición trascendente del hombre. Así la política ha dejado de ser quien recibe los valores regulados de la moral, tendientes a la realización del bien común y a la perfección espiritual de los hombres. La corriente de corrupción que desangra nuestro torturado país, sometido a frecuentes golpes de Estado, no ha logrado sin embargo hacer desaparecer el impulso que proviene de las figuras cuya grandeza de conducta enaltece nuestra historia. ¿Qué hacer ante las situaciones que hoy vivimos? Martha de Antueno |